El tema de este libro es la necesidad de dar sentido, exaltar, representar en palabras e imágenes la relación de una mujer con una similar a ella.

Si poner en palabras una práctica política es igual a hacer teoría, entonces éste es un libro de teoría porque las relaciones entre mujeres son la sustancia de nuestra política.

Es un libro de teoría, entonces, pero mezclada con cuentos. Para nosotras decir teoría sigue siendo en parte un contar la práctica, ya que el razonamiento teórico se refiere habitualmente a cosas que ya tienen un nombre, mientras que aquí se trata, en parte, de cosas que no tenían nombre.

Los hechos y las ideas que exponemos tuvieron lugar entre 1966 y 1986 principalmente en Milán. Comúnmente son clasificadas bajo el nombre de feminismo. Ahora nosotras quisiéramos llevar a la luz su verdadero sentido y por lo tanto también su nombre.

El nombre es “genealogía”. En los años y lugares indicados hemos visto tomar forma a una genealogía de mujeres, o sea un venir al mundo de mujeres legitimadas por la referencia a su origen femenino.

Al decirlo sentimos una emoción, es una cosa emocionante también porque se mantiene en suspenso. No estamos seguras de que la historia reconstruida con este libro producirá verdaderamente aquello que hemos buscado, que es ser inscriptas en una generación femenina. No es de excluir que la prueba de los hechos demuestre que nuestra experiencia es sólo una de las tantas vicisitudes históricas del frágil concepto de mujer.

La raíz gen de palabras como género, genealogía, generación -enseña la lingüística- caracteriza a palabras tradicionalmente asociadas con el nacimiento en cuanto hecho social, y precisamente al nacimiento legítimo de individuos masculinos libres. En nuestra cultura, como ha subrayado Luce Irigaray, falta la representación de la relación madre-hija: la madre siempre tiene al hijo en brazos.

Entre las cosas que no tenían nombre estaba, está, el sufrimiento por haber sido puestas en el mundo de esta manera, sin ubicación simbólica. Un ser vivo es cuerpo y mente, nace y se encuentra por casualidad en un determinado lugar en un determinado tiempo y para la mente comienza el trabajo de ubicarse, de buscar referencias. El cuerpo es colocado físicamente pero la mente debe establecer por sí misma su propio dónde, con la ayuda de quien llegó primero.

¿Pero si nacés mujer, qué ayuda recibís? La sociedad pretende que la mente femenina esté situada con el cuerpo y como el cuerpo. O que, si no, no esté en ningún lugar.

Los estudiosos de antropología enseñan que la sociedad humana se ha constituido mediante el intercambio de signos, bienes y mujeres. Es un extraño modo de representar las cosas, una manera de falsa simplicidad científica para cubrir el horrible desorden causado por la dominación de un sexo sobre el otro, la violenta destrucción de las relaciones entre las mujeres, en primer lugar aquella con la madre, a menudo acompañada por la imposibilidad, para una mujer, de ser dueña de sus propias producciones y casi siempre unida a la dificultad femenina para producir signos originales: ¿para intercambiar con quién, para significar qué?

Cuando se razona sobre la condición femenina, habitualmente tenemos presente el estado de confusión entre su ser cuerpo y su ser palabra, que el hecho de ser trasplantada a las genealogías masculinas provoca en una mujer. O sea, ese estado conocido como histeria femenina, femenino casi por definición.

[...]

Virginia Woolf ha escrito que, para hacer trabajo intelectual, hace falta tener una habitación propia. Pero en la habitación puede ser imposible quedarse quietas y dedicarse al trabajo porque los textos y aquello de lo que hablan se presentan como bloques extraños, opresivos, de palabras y hechos en los que la mente, paralizada por emociones sin correspondencia con el lenguaje, no logra avanzar.

La habitación propia, entonces, debe ser entendida en otro sentido, como ubicación simbólica, como lugar-tiempo provisto de referencias sexuadas femeninas donde estar significativamente para un antes y un después de preparación y confirmaciones.

[...]

Hemos descubierto que la búsqueda de referencias simbólicas ofrecidas por otras mujeres es una búsqueda muy antigua, y que ha tomado muchas veces la misma modalidad que nosotras le hemos dado, de una relación de affidamento [N.T. confiarse a], como en la historia de Naomi y Rut que cuenta la Biblia.

[...]

Hemos dado un nombre a la relación de Rut con Naomi, la hemos llamado affidamento. En efecto, es preciso saber que en las muchas lenguas de una cultura milenaria no existían nombres para significar tal relación social, distinta de toda relación entre mujeres por sí mismas.

La palabra affidamento es bella, tiene en sí raíces de palabras como fe, fidelidad, confiarse, confiar. Sin embargo a algunas no les gustaba, porque se refiere a una relación social que nuestro derecho prevé como entre un adulto y un niño. El confiarse de una mujer en otra similar a ella puede, en efecto, establecerse entre una niña y una adulta, pero ésta es una de las posibles derivaciones. Nosotras lo hemos visto y pensado, primariamente, como forma de relación entre mujeres adultas. Que una de las dos sea de este modo asimilada a una niña, a algunas les resultó molesto.

De todos modos, nadie planteó que esto fuera un problema grave, y podríamos obviar cualquier referencia. Sin embargo, rechazar una palabra, bella en sí, sólo por el uso que hacen otros, es un síntoma de impotencia frente a lo ya pensado por otros: en este caso, lo ya pensado sobre las relaciones entre niños y adultos, y aquello que sería o no conveniente para la edad adulta de una mujer.

A menudo en muchos campos sucede que la lengua se nos imponga como el dominio de experiencias y juicios ajenos. La lengua en sí no es el dominio de una experiencia a exclusión de otras, o de un pensamiento sobre otros. Pero la lengua hace cuerpo con la trama de las relaciones sociales, y éstas son bien poco favorables para acoger aquello que una mujer vive y quiere para sí misma, en su diferencia con el hombre.

A ninguna de nosotras, muy probablemente, se nos ha enseñado la necesidad de cuidar especialmente las relaciones con otras mujeres y de considerarlas un recurso insustituible de fuerza personal, de originalidad mental, de seguridad social. Y es difícil incluso hacerse una idea de su necesidad, porque en la cultura recibida se han conservado algunos productos de origen femenino pero no su matriz simbólica, a tal punto que los productos se nos presentaban como re-generados por un pensamiento masculino.

Hasta que una experiencia política de relaciones entre mujeres nos ha llevado a mirar mejor los hechos del pasado. Así hemos descubierto, maravilladas, que desde los tiempos más antiguos han existido mujeres que han trabajado para establecer relaciones sociales favorables para sí y para sus semejantes. Y que la grandeza femenina se ha nutrido a menudo (o quizás siempre?) de pensamiento y de energías que circulan entre mujeres.

[...]

Tener interlocutoras magistrales es más importante que tener derechos reconocidos. Una interlocutora con autoridad es necesaria, si se quiere articular la propia vida en un proyecto de libertad y encontrar así la razón del propio ser mujer. La mente femenina sin ubicación simbólica tiene miedo. Está expuesta a hechos imprevisibles, todo le sucede desde afuera en el cuerpo. No son las leyes ni tampoco los derechos los que dan a una mujer la seguridad que le falta. La inviolabilidad puede ser conquistada por una mujer mediante una existencia proyectada a partir de sí y garantizada por una sociedad femenina.

Habiendo observado y pesado estas cosas, hemos llegado a la conclusión que el confiarse de una mujer en una semejante es un contenido de lucha política. Así llegó también la decisión de escribir este libro que cuenta nuestra historia política.

Una cosa ha pesado más que las otras: el ver que el confiarse resulta espontáneo entre mujeres pero casi sin consciencia de su potencia. Por ejemplo, las mujeres que entran en las organizaciones masculinas a menudo se ayudan con el confiarse a, para darse seguridad y para hacerse una idea propia de la realidad circunstante, más o menos como Vita y Virginia en su carrera literaria.

Confiarse a una semejante resulta frecuentemente, si no siempre, indispensable para una mujer para alcanzar un fin social. Se trata por lo tanto para ella de una forma política primaria y es preciso que esto se sepa y que se afirme, si es necesario, incluso contra las formas consideradas primarias por los hombres en sus organizaciones.

La política de las reivindicaciones, por más justas que sean, por más sentidas que sean, es una política subordinada y de las subordinaciones, porque se apoya en lo que resulta justo según una realidad proyectada y sostenida por otros, y porque adopta lógicamente sus formas políticas.

Una política de liberación, como hemos llamado al feminismo, debe dar fundamento a la libertad femenina. La relación social de affidamento entre mujeres es a la vez un contenido y un instrumento de esta lucha más esencial.

[...]

Buenos Aires, 2004

publicada en revista L’Ateo N°5/2010
traducción: Valeria Donato
descargar artículo en formato PDF

Aquí me propongo tratar el insidioso tema de la interculturalidad desde una perspectiva de género y, al mismo tiempo, considerar la cuestión de la laicidad con una mirada enfocada a descubrir la trampa inherente al concepto de “relativismo cultural”. Pero antes de comenzar este análisis siento que debo aclarar algunos puntos centrales que según mi opinión son frecuentemente motivo de confusión, aproximación o incluso de actitudes y prácticas dañinas.

Para comenzar, noto que muy frecuentemente al referirse a personas que provienen de otros países, incluso antes de considerar la identidad nacional o lingüística – aspectos que parecerían entre los más significativos a primera vista – se decide catalogarlas según un credo religioso; eso sucede sobre todo cuando este credo es diferente del dominante en nuestra sociedad. Si se habla de un país prevalentemente musulmán (porque en él la religión es religión de Estado o porque se trata de un gobierno teocrático), todos los pertenecientes a ese grupo nacional son automáticamente identificados como musulmanos (y observantes!) y por lo tanto pertenecientes a esa precisa comunidad religiosa, sin que ni siquiera sea considerada la posibilidad de que algunxs de ellxs pudiese ser atex, agnósticx, no observante, laicx, perteneciente a alguna minoría religiosa o algo más. Todxs son entonces aplastadxs bajo una identidad religiosa que es asignada independientemente del hecho de que en la susodicha “comunidad” habrá seguramente diferencias y que estas diferencias podrían constituir para cada individuo un elemento identitario más fuerte que aquel que le ha sido arbitrariamente atribuído: pienso por ejemplo en posibles diferencias étnicas internas al grupo, pero también en distinciones religiosas dentro de una misma confesión, diferencias lingüísticas y dialectales, diferencias en el color de la piel, de género, de orientación sexual, de nivel de instrucción, de posición política , etc.

Por la actividad que desarrollo tengo bastantes amigas afganas, y no deja de sorprenderme cada vez que, cenando con amigxs y conocidxs acá en Italia, lxs comensales italianxs rechazan sin dudar la hipótesis de poner vino o carne de cerdo en la mesa porque se da por sentado que las invitadas afganas son necesariamente musulmanas y además practicantes. Esto es aún más curioso desde el momento en que no sólo son de público conocimiento mis firmes posiciones laicas (por lo cual difícilmente se explicarían estas intensas relaciones con personas tan devotas) sino que también es de público conocimiento que las organizaciones afganas de las que mis invitadas forman parte son declaradamente laicas y además hacen de la laicidad un punto fundamental de su lucha política. ¡Pero evidentemente el estereotipo gana por sobre la lógica!

Se tiende entonces – decía – a atar a “lxs otrxs” a una religión, la religión dominante del país de proveniencia, suponiendo que el sentido de pertenencia de cada unx debe tener más relación con la fe que con cualquier otro aspecto de la persona. Esta misma grosera deducción la hacen tanto aquellxs que tienen la intención de denigrar a los extranjerxs (y entonces utilizarán ciertas clasificaciones sobre la base de la religión de modo despreciativo y racista), como por muchxs de aquellxs que se quieren mostrar bien dispuestxs a aceptar las diferencias que la sociedad multicultural nos presenta. Estxs últimxs buscarán probablemente argumentar que la diversidad religiosa es una riqueza y que el contacto entre religiones es una oportunidad de intercambio y de crecimiento para todxs.

Sin embargo, si por un lado nos prodigamos en exaltar el valor de la pluralidad y de las diferencias, por otra parte ahogamos a lxs miles de extranjerxs presentes en Italia y Europa, y provenientes de los más variados países del mundo, en un único confuso mar: “la comunidad islámica”. No hay escapatoria; se pertenece por nacimiento. Y la paradoja está en el hecho de que el/la que pertenece (es decir, está obligadx a pertenecer), vive en un Estado laico – al menos formalmente – pero está condenado de hecho a someterse a las reglas de una comunidad de tipo confesional.

Una clasificación similar se hace cuando se identifica a una vasta área del planeta como un gran bloque cultural único y granítico refiriendóse a una genérica “cultura islámica” (otra vez siguiendo una nomenclatura basada sobre la fe). Se perciben entonces como pertenecientes a la misma “cultura” sociedades diversas y lejanas entre sí que van desde Marruecos hasta Egipto, desde Somalia a Irán, desde Afganistán hasta Pakistán y siguiendo hacia el Oriente: países no sólo geográficamente distantes, que incluso se extienden en continentes diferentes, sino también con historias y lenguas diferentes, como para citar algunos aspectos. Es probable, de hecho, que un argelino tenga en común con un pakistaní tanto como un brasileño con un finlandés y sin embargo los primeros dos son continuamente empujados por el estereotipo hacia un único antro profundo y confuso, aquel “mundo musulmán” – con todo lo sombrío y funesto que esta etiqueta recuerda – una potente construcción mental que, como bien sabemos, tuvo un enorme éxito después de los hechos del ll de septiembre. Resulta casi impensable, en cambio, seguir una clasificación análoga e imaginar al brasileño y al finlandés como fruto de la misma “cultura cristiana”.

Esta misma actitud superficial con la que se asignan religiones oficiales y se niegan diferencias entre personas dentro de una comunidad nacional o incluso entre personas provenientes de países diferentes, es muchas veces el origen del insistente e insidioso equívoco por el cual “intercultura” asume el sentido de “interreligión”. Y entonces así es que parten invitaciones institucionales a los más variados y discutibles jefes religiosos, seminarios sobre las religiones, encuentros y debates públicos con exponentes de varias confesiones, programas televisivos en donde se llama a clérigos a discutir sobre cualquier tema, lecturas comparadas de textos sagrados, ventas en los kioscos de las historias de los profetas, santos y todo lo demás. El aspecto preocupante – por no decir trágico – de todo esto es que mientras muchos progresistas, o presuntos tales, reciben y a menudo promueven generosamente esta derivación religiosa en nombre de un avergonzante concepto de tolerancia, las derechas integralistas de varias matrices avanzan, ocupando cada vez más los espacios públicos. Es sorprendente observar la reticencia, o peor, el obstinado rechazo, de gran parte de lxs que se declaran “de izquierda” a defender los principios laicos y los espacios públicos, sobre todo cuando se trata de enfrentar cuestiones relacionadas con “las otras culturas” sean ellas representadas por la comunidad extranjera presente en nuestro territorio o de realidades sociales presentes en otros países; casi como si un sentido de pudor hacia el “mundo no occidental” indujese a renunciar a la defensa de la laicidad para ceder el paso a una multi-religiosidad más tranquilizadora y en apariencia menos problemática, torpemente vendida como estimulante ocasión de contacto y de ejercicio democrático de respeto recíproco.

Lo que me interesa aquí revelar es la trampa que se esconde detrás de la aceptación acrítica de las presuntas “culturas” y las peligrosas consecuencias que esto produce, en primer lugar en la vida de las mujeres. El pensamiento que toma el nombre de “relativismo cultural” hace del respeto de las “otras culturas” el punto cardinal de la relación entre la que se suele llamar “civilización occidental” y las “civilizaciones no occidentales”. Este punto de vista les reconoce a todas las culturas la misma dignidad, validez y legitimidad dejando de lado cualquier crítica o juicio de mérito. Aquello que parece un enfoque iluminado, democrático y progresista no toma en consideración, sin embargo, la problematicidad del término”cultura”. De hecho, habría que pensar las “culturas” no como inmóviles colosos fuera del tiempo, cristalizados en una atroz invariabilidad e insensibles a los cambios internos y a las contaminaciones externas, sino como productos de vivos y vivaces consorcios de hombres y mujeres constantemente en movimiento y en transformación, exactamente como nosotrxs percibimos nuestra “cultura” y nuestra sociedad (suponiendo que esta contraposición ellxs/nosotrxs tuviese algún sentido). Si se acepta esta idea, se debe entonces también reconocer que cuando hablamos de “cultura” – generalmente con cierta superficialidad – la mayor parte de las veces nos referimos a algo que se podría definir más precisamente como “cultura dominante”. Esta óptica nos permite develar el estereotipo y ver las sociedades con todas sus complejidades y dinámicas, marcadas por diferencias, contradicciones y conflictos internos, muchas veces incluso muy encendidos. De esta manera podremos ver también que todos los sistemas sociales y culturales, si bien diferentes entre ellos, son igualmente gobernados por una multiplicidad de relaciones de poder desiquilibradas en diferentes aspectos, entre los cuales y no menor, el de género.

Las “culturas dominantes” por su naturaleza apuntan al mantenimiento de un sistema de poder que les permite ser lo que son –o sea hegemónicas – y para tal fin hacen uso de todos los instrumentos a su disposición. Como bien sabemos, las religiones en particular (con todos sus bagajes de tradiciones, rituales y creencias que permean múltiples aspectos de la vida social) son uno de los más potentes medios de control. En este sistema de poder fuertemente desequilibrado, basado sobre relaciones jerárquicas y caracterizado inevitabilmente por una voluntad conservadora, en nuestra sociedad como en las otras, la dominación masculina se afirma a través del control de las mujeres. De hecho, como es obvio, con el fín de ejercer un rol dominante, es condición necesaria que haya una contraparte dominada. El control y la opresión de las mujeres en las diferentes partes del mundo pasa por las formas más fantasiosas y extrañas, aunque trágicas, que, para citar alguno de los aspectos más vistosos, van desde las lapidaciones por adulterio al extenuante esfuerzo por negar el derecho al aborto, desde la ingeniosa Ley 40 italiana[*]; sobre fecundación asistida hasta las mutilaciones genitales femeninas, desde los delitos por honor hasta las normativas sobre la vestimenta femenina que, según los casos, preven velos de diferentes estilos que las cubren más, o menos; y ni hablar de las más bizarras prohibiciones que se inventan con relación a las mujeres los jefes y jefecitos religiosos – frecuentemente auto-designados –, en una perenne competencia de creatividad: la prohibición de conducir, de trabajar, de practicar deportes, de usar zapatos con taco, de andar en bicicleta, de ir el colegio, de usar esmalte de uñas, de reclamar una herencia, de decidir adoptar métodos anticonceptivos y mucho más.

La doble alianza de hierro entre iglesias y patriarcado aduce motivos éticos, culturales y religiosos para justificar una política de segregación, discriminación y violencia, a menudo legalizada, en perjuicio de niñas, muchachas y mujeres en las partes más diversas y lejanas del mundo. Se trata precisamente de una política trans-cultural, que no conoce fronteras, actuada sistemáticamente a nivel social y frecuentemente reglamentada a nivel jurídico.

Sin embargo, el común denominador es siempre la limitación de la autodeterminación femenina, percibida como amenaza al orden y a las jerarquías establecidas. Para contener esta amenaza y conservar el orden no hay mejor sostén que los integralismos religiosos, que niegan cualquier intención de cambio hacia la autodeterminación de las mujeres y pisotean sus derechos civiles y humanos en nombre de tradiciones antiguas y textos sagrados. Por otra parte, también, es curioso constatar que la falta de defensa de los valores laicos es a menudo una deficiencia justamente de aquellxs que dicen defender los derechos y combatir la opresión. Se crea entonces una divergencia entre la enunciación teórica – que difunde principios democráticos – y las elecciones políticas concretas que dan crédito a posiciones y prácticas integralistas: el doble carril es fatal, porque hace imposible la elaboración de un proyecto político coherente y realmente “iluminado”.

Para “garantizar” los derechos de las franjas islámicas integralistas presentes en Gran Bretaña, el gobierno laborista sancionó el derecho a instituir, en todo el territorio nacional, tribunales islámicos que regulen las contiendas entre miembros de las comunidades. Las cortes de inspiración coránica − ya en funcionamiento desde 2008 en diferentes ciudades inglesas como Londres, Birmingham, Manchester y Bradford, y dirigidas por el sheik Siddiqi – se ocupan de dirimir cuestiones de divorcio, herencias y violencia familiar y las sentencias que emiten tienen la misma validez jurídica que aquellas emitidas por un tribunal ordinario del Reino. Y no veo contradicción en que el Arzobispo de Canterbury, máxima autoridad eclesiástica de la Iglesia Anglicana, haya tomado a bien la introducción de la sharia en el país, considerando que representa un fundamental “elemento de cohesión” dentro de la comunidad islámica. En una entrevista a la BBC, el Arzobispo Williams declaró: “Hay lugar para una mediación constructiva en ciertos aspectos de la ley musulmana, como ya sucede con otros aspectos de la ley [británica] de inspiración religiosa”.

Pero que el Arzobispo sostenga ciertas aberraciones coincide con una estrategia bien precisa de la que ya he hablado. No sorprenden, de hecho, los frecuentes tratos entre exponentes de diferentes confesiones, ¡que no se deben jamás confundir con un sano interés por el pluralismo! Frecuentemente estos señores se promueven y se apoyan los unos a los otros, dado que ratificar el poder de una autoridad religiosa equivale a legitimar y consolidar también su poder y la propia autoridad religiosa. Desconcierta más, en cambio, que una buena parte de la izquierda inglesa haya adherido a esta derrapada de la razón en nombre de la integración, de la democracia y de la libertad religiosa, ignorando ciegamente las repercusiones gravísimas sobre la garantía y la tutela de los derechos de las mujeres. No obstante, mientras los integralismos ganan terreno guiñándose el ojo entre ellos y las izquierdas dormitan (¡aunque a veces no excluiría una silenciosa mala fe!), las mujeres responden a los ataques con coherencia y determinación:

One law for all [Una ley para todxs] es la campaña lanzada por las mujeres iraníes y kurdas residentes en Gran Bretaña que luchan por el principio de igualdad frente a la ley independientemente del sexo, la raza y de la fe. Ellas denuncian la peligrosidad del arbitrio basado sobre la religión y que, si ya es inaceptable la presencia en el país de decenas de cortes islámicas informales, todavía más drámatico resulta que los tribunales coránicos sean reconocidos por el Estado. De esta manera se alienta al extremismo y se institucionaliza la discriminación de las mujeres: entre las sentencias significativas en este sentido, emitidas por las cortes religiosas, están aquellas que condenan al marido violento a una serie de sesiones de “terapia” con algunos jefes religiosos, y otras que establecen que el hijo debe heredar el doble de lo que le correspondería a la hija. Las mujeres kurdas e iraníes subrayan, entre otras cosas, la ridícula paradoja que las ve huír de la feroz injusticia de género del país de origen para encontrar las mismas condiciones discriminatorias replanteadas en la Europa progresista. Por otra parte está el grupo WAF (Women Against Fundamentalism) [Mujeres en contra de los fundamentalismos] que reúne mujeres londineses de varios orígenes preocupadas por el resurgimiento de los fundamentalismos de todas las confesiones en Gran Bretaña. Abiertamente contrarias a la asignación de financiamientos públicos de entes locales y nacionales a las instituciones religiosas, las WAF observan con creciente aprensión el peligroso aumento del poder de los líderes religiosos en desmedro de las mujeres, y el cada vez más frecuente entendimiento entre las instituciones y los jefes fundamentalistas, que acallan trágicamente las voces disidentes dentro de las mismas comunidades. Women Living Under Muslim Laws [Mujeres que viven bajo las leyes musulmanas] es en cambio una red activa en mucho países del mundo, en los que las mujeres sono sometidas a las más variadas restricciones impuestas por leyes y costumbres que se pretenden hacer derivar del Islam. La red apunta a fortalecer las luchas individuales y colectivas de las mujeres en contra de los fundamentalismos, por los derechos y la equidad de género dentro de una óptica de solidaridad internacional. La “Revolutionary Association of Women of Afghanistan” [Asociación Revolucionaria de las Mujeres de Afganistán] representa un vívido ejemplo de lucha por la laicidad y por los derechos en pleno corazón del fundamentalismo más oscuro. Declaradamente anti-fundamentalista, RAWA lucha desde hace treinta años por la separación entre poder político y religioso, convencidas de que la laicidad es la única posible vía de rescate de las mujeres afganas y de construcción de un verdadero proceso democrático en Afganistán.

Por falta de espacio he podido citar sólo algunos ejemplos de los numerosos movimientos de mujeres en el mundo comprometidas con los derechos y en contra de la injusticia y que identificaron en la contraposición integralismo/laicidad el punto neurálgico de la cuestión. Amenazadas por los fuertes poderes de las comunidades de pertenencia, estas mujeres son silenciadas y atrozmente ignoradas justamente por quienes deberían garantizarles apoyo y solidaridad y que, en cambio, se hacen impávidamente a un lado por no interferir en las culturas ajenas. Creo que sería un acto de coherencia y honestidad admitir que declararse respetuosos de ciertas “culturas” significa hacerse cómplices de un crimen de proporciones planetarias que está siendo perpetrado cotidianamente y desde siempre en contra de las niñas, muchachas y mujeres en cuanto tales. Quien por temor o por pereza o por cálculo político, en nombre de la tolerancia y del relativismo cultural se abstiene de reivindicar un principio laico que valga indistintamente para todxs debería reflexionar que de esta manera está justificando y legitimando discriminaciones y violaciones de todo tipo. Pienso que no sólo es un enfoque más sensato, sino también una necesaria responsabilidad política encontrar el valor para condenar públicamente posturas y prácticas antidemocráticas independientemente del contexto cultural y social en el cual se realizan, sin temor a oponerse a quien, apelando a las tradiciones, a las culturas y a las religiones, niega la igualdad, se abusa y viola derechos.

artículo presentado en la Convención “Por una ética pública laica”, sección: “Ciencia, investigación, formación, intercultura”, Florencia 7-8 de febrero de 2009

Debora Picchi, florentina, es maestra de letras (contratada). Feminista y activista a favor de los derechos civiles y de los derechos de género, milita en el movimiento de mujeres de Florencia Libere Tutte [Libres Todas] y está entre las socias fundadoras de CISDA (Coordinamento Italiano Sostegno Donne Afghane) [Coordinación Italiana de Apoyo a las Mujeres Afganas] que desde hace años apoya a las organizaciones femeninas laicas y democráticas en Afganistán.

Sra. Mollman.- Señoras y señores: mi nombre es Marianne Mollman y estoy aquí en representación de la organización internacional de derechos humanos Human Rights Watch.

Me permito dirigirme en esta reunión por invitación del señor presidente de la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados, doctor Juan Carlos Vega.

Ante todo quisiera agradecer la invitación para concurrir a este evento. Es un placer y un honor -y también me da un poco de miedo- contribuir a este tema y abrir un debate que ha sido esperado con tanta anticipación. Espero poder contribuir así, aunque sea de una manera humilde, a un debate muy importante para las mujeres y las niñas argentinas, y también para la integridad del Estado democrático argentino.

Tengo experticia en esta materia, tanto teórico-legal como empírica. He investigado temas relacionados con los derechos humanos de las mujeres desde hace más de una década. He realizado investigaciones de campo sobre el acceso al aborto en la Argentina, en México, en Perú, en Nicaragua y en Irlanda, habiendo publicado informes, artículos y análisis legales sobre el tema en estos y otros países.

Asimismo, he contribuido a debates parlamentarios sobre esta temática en México, en los Estados Unidos, en Irlanda, en Brasil, en Perú y ahora en la Argentina, y he hecho presentaciones como amicus curiae sobre los derechos humanos y el acceso al aborto legal en la Argentina, Colombia, México y Nicaragua.

Soy originaria de Dinamarca, por lo que pido disculpas por mi español.

Tengo un diploma en Ciencias Políticas de la Universidad de Copenhague, una maestría en Administración de Empresas en la École des Affaires de Paris, en Francia, y otra maestría en Derecho Internacional de Derechos Humanos, en la Universidad de Essex, en Inglaterra.

En mi experiencia a partir de las investigaciones que he realizado sobre este tema específicamente en la Argentina, la penalización del aborto lleva a las mujeres a tomar medidas desesperadas, como por ejemplo, intentar abortar con agujas de tejer, con sondas, con tallos de perejil e incluso con revólveres.

La penalización también permite a las supuestas clínicas de aborto clandestinas funcionar con poco respeto por la salud y la vida de las mujeres.

A veces cuando una mujer llega a un hospital público sufriendo hemorragias, infecciones o lesiones causadas por un aborto inseguro que pone en peligro su vida, los funcionarios de la salud pública la menosprecian o le deniegan el tratamiento adecuado haciendo referencia explícita a la penalización.

Muchas veces las mujeres evitan el cuidado necesario post aborto por miedo a ser procesadas legalmente, pudiendo ello acarrearles consecuencias perjudiciales para la salud.

La confusión y el temor a las consecuencias legales del aborto también impiden a las mujeres acceder a los que indiscutiblemente son sus derechos. Por ejemplo, me refiero al caso de un aborto no punible contemplado en el artículo 86 del Código Penal vigente.

Muchos expertos con los que he hablado en Argentina coinciden en que si bien el Código Penal no exige una autorización judicial para un aborto, de todas maneras se ha convertido en un requisito de facto porque la mayoría de los médicos no lleva a cabo el procedimiento si no cuenta con ella.

Esta situación ha resultado en retrasos en el acceso al aborto, por ejemplo para las adolescentes violadas y las mujeres con discapacidad mental. Y eso les arroja serias consecuencias en la salud y en la vida.

Quiero comentarles la experiencia que obtuve de otros países. Por ejemplo, México e Irlanda demuestran que una penalización generalizada conlleva un nivel de estigma, miedo y desinformación que imposibilita el acceso al aborto incluso a las mujeres y niñas para quienes el procedimiento ya está despenalizado.

Hasta que el aborto se despenalice por completo, los lineamientos mejor implementados para ciertas circunstancias bien definidas no conducirán a un acceso equitativo y libre de obstáculos.

Es apropiado resaltar que el sufrimiento que la penalización del aborto causa en la Argentina se vive casi exclusivamente en los sectores pobres. Existe una clara desigualdad entre la mujer con recursos que puede pagar por un aborto ilegal en condiciones relativamente seguras ‑consecuentemente disminuyendo su riesgo‑ y la mujer sin recursos que no tiene esa opción y afronta importantes riesgos en su vida y en su salud para lograr el mismo objetivo. Me refiero al procedimiento médico que se necesita.

Por otra parte, también es importante el precio. He hablado con mujeres de sectores muy humildes, quienes me comentaron que en sus barrios el valor de un aborto clandestino dependía de si se le suministraban antibióticos o no. Esa opción sería totalmente inconcebible si el aborto fuera legal.

De hecho, la grave falta de reglamentación y de responsabilidad médica con respecto a los abortos que se están llevando a cabo en la Argentina –que son muchos‑, además de su respectiva ilegalidad, representa una consecuencia negativa adicional de la clandestinidad.

La penalización del aborto no solamente trae consecuencias graves para la salud y la vida de la mujer individual que necesita interrumpir su embarazo sino que también origina un problema de salud pública.

Según el Ministerio de Salud de la Nación, en 2008 más del 20 por ciento de las muertes registradas por emergencias obstétricas fueron por abortos inseguros. Y según las estadísticas vitales correspondientes al 2009, que me parece que ayer fueron publicadas en los periódicos, la mortalidad materna ha vuelto a subir y la proporción de muertes maternas atribuibles al aborto es del 28 por ciento.

Entonces, el aborto inseguro, es decir la ilegalidad del aborto, es la primera causa de muerte materna en este país. Y ello es doblemente trágico porque es evitable. En los países donde el aborto es legal no se ven esas cifras ni esas muertes.

Pero además de ser un tema que inspira compasión y empatía, la penalización del aborto es una cuestión de derechos humanos. A lo largo de la última década se han observado cambios importantes en el consenso internacional sobre el vínculo entre el acceso al aborto y el ejercicio efectivo de los derechos humanos de las mujeres.

Estos cambios se evidencian claramente en el trabajo de los órganos de supervisión de las Naciones Unidas y en los documentos de consenso de varias conferencias mundiales relativas a los derechos de las mujeres a la salud y a los derechos respectivos.

Interpretaciones autorizadas del derecho internacional reconocen que el acceso al aborto legal y seguro resulta esencial para el disfrute y ejercicio efectivo de los derechos humanos de las mujeres. Los órganos de supervisión de los tratados internacionales de las Naciones Unidas, a través de sus interpretaciones, han expresado sus opiniones sobre el acceso al aborto y las restricciones al mismo de manera sistemática y exhaustiva.

Estos órganos sostienen que ciertos derechos humanos firmemente establecidos ‑como por ejemplo, el derecho a la vida, a la salud, a la no discriminación, al libre ejercicio de la religión‑ se ven comprometidos por las leyes y prácticas en materia del aborto que poseen carácter punitivo y restrictivo.

En marzo de este año el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas expresó su preocupación por la legislación restrictiva del aborto, en Argentina específicamente, y emitió la siguiente recomendación: “El Estado parte…”, es decir, la Argentina “…debe modificar su legislación de forma que la misma ayude efectivamente a las mujeres a evitar embarazos no deseados y que estas no tengan que recurrir al aborto clandestino que pudiera poner en peligro sus vidas”.

Esta recomendación fue emitida en relación con el derecho a la vida y al goce igualitario de todos los derechos humanos contenidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que queda incorporado en la Constitución Argentina.

En junio de este año el Comité de los  Derechos del Niño expresó igualmente su preocupación por el elevado porcentaje de mortalidad materna causada por un aborto, especialmente en los adolescentes, y por los prolongados procedimientos para la interrupción legal de un embarazo en este país.

En esa conexión el Comité recomendó varios pasos para la Argentina: “Adopte medidas urgentes para reducir la mortalidad materna relacionada con el aborto, en particular velando por que la profesión médica conozca y practique el aborto no punible, especialmente en el caso de las niñas y mujeres víctimas de violación sin intervención de los tribunales y a petición de ellas.”

También dijo el Comité que se enmiende el artículo 86 del Código Penal en el ámbito nacional para prevenir las disparidades en la legislación provincial vigente y en la nueva en lo que respecta al aborto legal.

En agosto de este año el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer expresó preocupaciones similares e instó a la Argentina, y cito nuevamente: “…a que revise la legislación vigente que penaliza el aborto que tiene graves consecuencias para la salud y la vida de las mujeres”.

Este Comité además observó que Argentina debe asegurarse de que exista un acceso efectivo y en condiciones de igualdad a los servicios de salud para interrumpir el embarazo.

Estos mismos comités han emitido docenas de recomendaciones de la misma índole a países con legislación similares a la de la Argentina sosteniendo que la penalización del aborto es incompatible con los derechos humanos.

Quiero también agregar que esa es mi experiencia personal de las investigaciones que he realizado. Está claro que el acceso al aborto legal y seguro puede salvar la vida y facilitar la igualdad de las mujeres.

También queda determinado que las decisiones de las mujeres en materia de aborto se encuentran relacionadas con los derechos humanos de las mujeres inherentes a su condición de persona, a su dignidad, a su derecho a privacidad.

Los obstáculos existentes para este tipo de decisiones en la Argentina interfieren con la capacidad de las mujeres de ejercer sus derechos humanos dando lugar a prácticas clandestinas e inseguras que durante décadas han constituido una de las principales causas de muerte materna en nuestro país.

En general el argumento en contra de la despenalización del aborto va emparejado con otros en contra de la anticoncepción moderna. Ambos atentan contra los derechos de la mujer, su salud y su vida.

Independientemente de la coyuntura judicial y política, estos argumentos ameritan un severo análisis crítico puesto que tienen efectos de vida o muerte para muchas mujeres y niñas argentinas.

El Ministerio de Salud de la Nación estima que el 40 por ciento de los embarazos en la Argentina terminan en un aborto. Por lógica eso quiere decir que cada uno de los presentes en esta sala conoce por lo menos a una mujer que se hizo como mínimo un aborto. Estoy segura de que esas mujeres y niñas, vuestras hermanas, hijas, esposas, madres, y amigas, no tomaron a la ligera la decisión de interrumpir un embarazo. Y también estoy segura de que hubieran preferido no necesitar un aborto. Ninguna mujer se embaraza para poder abortar.

Esas mujeres tienen los mismos derechos que todos y merecen un entorno que les ayude a tomar decisiones personales y privadas con dignidad y responsabilidad sobre sus vidas y la respectiva salud.

La experiencia me demuestra que la penalización del aborto, lejos de desincentivar la práctica, sólo la vuelve peligrosa.

Hace varias décadas la Argentina se unió a la comunidad internacional de Estados democráticos ‑después de haber pasado por una dictadura militar dolorosa‑, ratificando varios tratados internacionales de derechos humanos. Y hace más de diez años que se dio estatus constitucional a esos tratados.

Entiendo que es hora de debatir la despenalización del aborto de manera seria, sobria y democrática. Asimismo sé por experiencia propia que no va a ser fácil. Y esto lo afirmo porque desde que se dio a conocer que yo iba a dar testimonio en esta audiencia, he recibido amenazas y hostigamientos por vía electrónica.

De todos modos, también sé que a pesar de la presencia de algunos elementos antidemocráticos, el pueblo argentino está dispuesto a tener un diálogo transparente, democrático, influyente y adulto sobre este tema.

Entre mi primer informe sobre este tema que data del 2005 y el segundo realizado en el 2010, el debate ha cambiado muchísimo. Las preguntas que recibo y las intervenciones mediáticas se han modificado enormemente. El pueblo argentino está dispuesto a tener este debate.

Espero que mi testimonio contribuya de una manera muy humilde a abrir este diálogo. (Aplausos.)

Ver disertación completa con comentarios de diputadas y diputados presentes, legisladoras de la Ciudad de Buenos Aires invitadas, y la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito.

Descargar aqui: jornada30noviembre2010

descargar archivo