Derechos
Registro de Deudores Morosos por cuota
alimentaria
en Rosario, Santa Fe
 Registro
para morosos de la cuota alimentaria, por Guillermo Zysman.
Los
problemas reales de la gente, por Leo Ricciardino.
Registro para morosos de la cuota alimentaria
Del suplemento Rosario/12, domingo 17 de junio 2001.
La mensualidad que no llega
El Concejo dio el primer paso para crear esta instancia que impedirá
a los padres morosos realizar trámites administrativos
por Guillermo Zysman
------------------------------------------------------------------------
Durante la sesión del jueves pasado el Concejo municipal dio el
puntapié inicial para crear en Rosario el Registro de Deudores Morosos
por cuota alimentaria. De aprobarse el proyecto, los padres que no giran
a sus ex cónyuges las partidas correspondientes a la manutención
alimentaria de sus hijos aparecerán en un banco de datos público
y podrían verse impedidos de realizar cualquier trámite administrativo
municipal, como renovar la licencia de conducir o habilitar un comercio.
"La idea es generar una herramienta eficaz no para sancionar ni condenar
al deudor sino para que finalmente la plata llegue a los chicos", fundamentó
una de las autoras de la iniciativa la concejala Susana Bartolomé
(PSP).
El 8 de marzo pasado, durante una audiencia realizada en el Palacio Vasallo
en oportunidad de celebrarse el Día Internacional de la Mujer, un
grupo de edilas, entre las cuales se encontraba la misma Bartolomé,
Adriana Taller, Marta Rubeo y Mónica Peralta, entre otras, escucharon
entre los reclamos "de género", la preocupación
por la falta de reglamentación municipal para sancionar a los padres
morosos en el giro de la cuota alimentaria. La comisión de Gobierno
se hizo eco de esta queja, tras lo cual se abrieron tres expedientes, uno
de ellos el de Bartolomé.
En la brevísima sesión del último jueves los ediles
dieron el visto bueno para convocar próximamente -mediados de julio
de acuerdo a los plazos previstos- a una Audiencia Pública en la
que todos los sectores involucrados dejaran sentada sus posturas de cara
a la conformación del Registro.
"Apuntamos a consensuar con las organizaciones no gubernamentales
representativas de las mujeres como la de los maridos, con los jueces de
familia y con la provincia los lineamientos generales del proyecto",
indicó la edila oficialista quien vaticinó que "de trabajarse
bien la ordenanza podría ser sancionada antes de fin de año".
El proyecto en cuestión, que ya se ha implementado en otras ciudades
del mundo, tal el caso de la ciudad autónoma de Buenos Aires (ver
aparte) apunta a sancionar a los padres que violen la obligación
que les impone el Código Civil "de satisfacer las necesidades
de los hijos referidos a su manutención, vestido, habitación
asistencia y gastos por enfermedades, que subsiste hasta la mayoría
de edad de los menores".
De acuerdo a los datos que recogió Bartolomé, el 95 por
ciento de los hijos de padres divorciados deciden vivir con su madre. En
ese sentido, el 70 por ciento de estas termina llegando a los Tribunales
ante el incumplimiento de sus cónyuges en el envío de la plata
correspondiente a la cuota alimentaria.
Según esas estadísticas, cerca del 80 por ciento de las
mujeres que inician querellas lo hacen convencidas de que sus ex maridos
están en condiciones económicas de pagar la cuota establecida,
presunción difícil de comprobar para los magistrados ya que
la mayoría de estos son autónomos o profesionales y no trabajan
en relación de dependencia, por lo que carecen de un recibo de sueldo
donde este expresamente mencionado el ingreso bruto mensual.
Para Bartolomé el mecanismo utilizado hasta el momento no es del
todo eficiente ya que se dilatan los tiempos y se acumulan las causas en
los juzgados con el consiguiente perjuicio para los hijos. "Lo fundamental
es conseguir una herramienta eficaz no para sancionar ni condenar al moroso
sino para que la plata llegue a los hijos", apunta al respecto la edila
frepasista.
Respecto a las posibles sanciones que contemplaría la norma, que
van desde aparecer en el banco de datos públicos pasando por la renovación
de la licencia de conducir hasta la imposibilidad de realizar cualquier
trámite administrativo municipal, Bartolomé se muestra cauta.
"Hay que buscar la sanción que más ayude a los chicos.
A lo mejor en lugar de no habilitarle un local a un deudor conviene darle
una habilitación provisoria hasta que este regularice su situación,
tal vez sea más conveniente antes de negarle un crédito en
el Banco Municipal bajarle el monto.
El antecedente porteño
La iniciativa de los concejales rosarinos de crear un banco de datos
donde figuren los padres que no giran en tiempo y forma el dinero correspondiente
a la cuota alimentaria tiene su antecedente más cercano en la Capital
Federal. En marzo del año pasado, la Legislatura de la ciudad Autónoma
de Buenos Aires sancionó la ley 269 mediante la cual se creó
el Registro de Deudores Alimentarios. En ese registro figuran los deudores
que suspendieron los pagos alimentarios por tres meses consecutivos o cinco
cuotas alimentarias alternadas, quienes incumplieron los Deberes de Asistencia
Familiar.
Entre las sanciones previstas en la norma, quienes estén allí
registrados no podrán obtener -hasta tanto regularicen su situación-licencia
de conductor, ni tramitar créditos en el Banco de la Ciudad de Buenos
Aires. Se les impide además ser proveedores del propio Gobierno porteño,
ocupar cargos públicos y hacer transferencias o habilitaciones comerciales.
Para publicar los datos del deudor, el Ejecutivo porteño requiere
de una autorización judicial previa.
El criterio que contempla la ley para fijar el monto de la cuota alimentaria,
ya sea por convención privada o decisión judicial, tiene en
cuenta las necesidades del alimentado, el nivel de vida familiar, los ingresos
de la madre, y los de el alimentante. En los acuerdos de partes privados,
si bien no hay una cuota regulada, lo corriente es que se fije en casi el
20 por ciento de los ingresos del proveedor de la cuota alimentaria.
Aunque el deterioro económico ha bajado notablemente estos porcentajes.
Los problemas reales de la gente
Del suplemento local Rosario/12, Lunes, 18 de junio de
2001
El Concejo trató una legislación municipal que ayude a
poner coto a los deudores morosos de la cuota alimentaria. Se trata de una
agenda pero su abordaje le ha aportado en un corto debate una riquísima
discusión alrededor de los problemas reales de la gente y que pueden
resolverse desde el punto de vista local.
por Leo Ricciardino
------------------------------------------------------------------------
El Concejo Municipal abordó esta semana un tema que pasó
inadvertido para algunos medios pero que, evidentemente, ocupa la problemática
de una gran porción de la sociedad rosarina: los hijos de los divorciados
y la obligatoriedad de sus padres en su manutención, en medio de
una crisis económica con pocos antecedentes en la historia del país.
El tema surgió por el pedido de algunos particulares y el de instituciones
ligadas a la problemática y fue, como problema de género que
es, tomado por las mujeres del Concejo. Legisladoras de diversos partidos
comprendieron la necesidad de crear una legislación municipal que
ayude a poner coto a los deudores morosos de la cuota alimentaria.
Pero lo más interesante es el enfoque buscado para la nueva norma:
buscar una herramienta jurídica que no sea para castigar a los padres
que no hacen los aportes para sus hijos, sino que ayude efectivamente a
que esos niños reciban el dinero que les corresponde por ley.
La sanción --que ya se aplica en una legislación similar
en Capital Federal-- pasaría por las dificultades que tendría
el moroso para cualquier trámite municipal, desde obtener o renovar
un carné de conducir, hasta solicitar un libre deuda o abrir un comercio.
Algunos seguramente rechazarán la norma por considerarla "persecutoria",
otros dirán que la realidad económica impone dificultades
muy serias para los padres que deben abonar la cuota alimentaria y además
--en muchos casos-- atender las necesidades de nuevas familias.
El entorno de crisis es un elemento fundamental a tener en cuenta, pero
las estadísticas respecto a los hijos de matrimonios disueltos son
mucho más elocuentes. Las concejalas que atendieron el tema comprobaron
que el 95 por ciento de los hijos de matrimonios separados viven con sus
madres y que en el 70 por ciento de los casos ocurrieron reclamos a la Justicia
por los atrasos o directamente la inexistencia del cumplimiento de la cuota
alimentaria para los hijos menores. Es evidente que los padres morosos con
problemas económicos no pueden ser tal cantidad. Lo único
que queda para pensar es que un alto porcentaje intenta eludir ese compromiso,
más allá del vínculo afectivo que mantenga con sus
hijos.
Es una agenda totalmente novedosa para el Concejo Municipal, pero su
abordaje le ha aportado en un corto debate una riquísima discusión
alrededor de los problemas reales de la gente y que pueden resolverse desde
el punto de vista local.
No siempre es posible para un parlamento de estas características
tener entre sus asuntos entrados, una problemática que aborda lo
económico, lo social y lo moral al mismo tiempo, y que además
trata de equilibrar las relaciones humanas desde el punto de vista ciudadano.
Está claro además que esta reivindicación de género
(así debe ser porque las perjudicadas son las madres, mujeres que
soportan igual o peor la desocupación y el resto de penurias económicas
que se plantean en la actualidad); encontró no sólo el eco
de las concejalas sino también a un par de legisladoras con conocimientos
técnicos adecuados como para establecer que la ley nacional que regula
estos asuntos, es en muchos aspectos deficiente. Sobre todo porque busca
la penalización y hasta podría terminar con un padre moroso
encarcelado. Pero no soluciona el problema ya que tras las rejas nadie podría
regularizar sus aportes de cuota alimentaria con lo cual el objetivo principal
--la manutención de los hijos-- sigue seriamente amenazado.
La creación de un registro público --ese es el proyecto
que analiza el Concejo--, contiene el ingrediente siempre efectivo de la
sanción moral y social, muchas veces más poderosas el mismísimo
código penal.
© Rosario/12, junio de 2001.
|
