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28
de septiembre Día por la Despenalización del aborto en América Latina y el Caribe
Campaña 2002
Por un Estado LaicoPor el Derecho a Decidir
La región de América Latina y el Caribe figura entre las que presentan más restricciones legales al derecho de las mujeres a decidir por la interrupción del embarazo. En todos los países en que rigen estas restricciones, los abortos ilegales realizados en condiciones muy precarias representan un grave problema de salud de las mujeres, que por su magnitud se convierte en un problema de salud pública. Problema cuya solución enfrenta límites de orden moral y religiosa que inciden negativamente en la búsqueda de soluciones urgentes.
Sabemos que los gobiernos tienen como atribución ofrecer a la población los servicios médicos fundamentales y necesarios. Entre estos está el aborto seguro, particularmente en los casos en que la legislación así lo permite. Además, nuestros países se han comprometido en las conferencias promovidas por la ONU en El Cairo y Beijing a revisar sus leyes para promover la despenalización del aborto. Sin embargo, lo que presenciamos hoy es una verdadera cruzada en contra de esas políticas.
Las convicciones religiosas no pueden ni deben ser colocadas por encima del derecho a la libre decisión por el aborto. Para que esto sea posible, es preciso que se respete la vigencia del Estado Laico.
Entendemos el laicismo -o secularismo- como calidad imprescindible para que haya democracia, con leyes y políticas que se destinen a todas las personas, independientemente de sus preceptos morales o creencias religiosas. El marco ético de la secularización es uno de los requisitos para la existencia de una sociedad plural basada en la tolerancia y respeto a la diversidad. En el Estado Laico no pueden prevalecer principios teológicos en la práctica de los gobernantes o legisladores pues le cabe al Estado Laico garantizar a todos los ciudadanos y ciudadanas el ejercicio de la libertad de conciencia y el derecho a tomar decisiones libres y responsables.
La colonización de América Latina y el Caribe fue marcada por la influencia religiosa en los poderes públicos, imponiéndose la voz de la jerarquía católica. Reformas legislativas democráticas recientes pretenden borrar los resquicios de esta influencia, particularmente en los textos sobre sexualidad, vida reproductiva y estructura familiar, que cercenan principalmente la libertad de las mujeres a decidir sobre todos los aspectos de su vida.
Aunque hace 36 años el Concilio Vaticano II, en su "Declaración sobre la libertad religiosa", aceptó el principio de separación entre Iglesia y Estado, lo que presenciamos hoy es un retorno a la presencia de principios teocráticos en las políticas públicas, en particular cuando el tema es el aborto.
Ignorar la vigencia del Estado Laico es poner en riesgo las conquistas democráticas
En las tres últimas décadas el movimiento de mujeres ha conquistado avances en sus derechos civiles, políticos y humanos. Uno de esos avances fue la legitimación de derechos en el ámbito reproductivo, forjados para promover la autonomía y la dignidad humana. Es en ese campo que se ubica el derecho a la interrupción del embarazo.
Documentos internacionales de las Naciones Unidas y de la Organización de los Estados Americanos legitimaron esos derechos, y algunas reformas legislativas nacionales han empezado a incorporarlos. Políticas públicas fueron implementadas en algunos países, como las políticas de planificación familiar, de atención especializada a las mujeres víctimas de violencia sexual, y de educación sexual en las escuelas. Y también políticas de atención humanizada a las mujeres con secuelas por aborto clandestino y de atención al aborto en los casos previstos en la ley.
Lamentablemente esas conquistas están siendo amenazadas por la renovada estrategia de imponer la influencia de valores religiosos sobre los Estados, y por la creciente presencia de aliados de los fundamentalismos en los poderes públicos.
En las últimas conferencias de la ONU, importante escenario para este debate, el campo conservador fue reforzado con la elección de George W. Bush (2001). El nuevo presidente norteamericano firmó la Ley Mordaza en el primer día de su gobierno, y recientemente aprobó un recorte significativo de recursos oficiales para el FNUAP (Fondo de las Naciones Unidas para Población y Desarrollo). Con esto, Estados Unidos impone la interrupción de proyectos importantes que ofrecen información y servicios de salud reproductiva, principalmente en los países que dependen de ayuda financiera para viabilizar estos servicios.
El tema de la sexualidad y de los derechos reproductivos sigue en recurrente disputa y con tentativas de retroceso, en las que el aborto es elemento clave. Eso ocurrió en la Sesión Especial sobre VIH/ SIDA (Nueva York, 2001), en la Conferencia Mundial contra el Racismo (Durban/2001), en la Sesión Especial sobre la Niñez y Adolescencia (Nueva York, 2002) y, recientemente, en la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible (Johannesburgo/ agosto de 2002). En esta última, el documento final quedó pendiente hasta última hora a causa de un párrafo relativo a servicios de salud. Uno de los orígenes de la resistencia conservadora fue el temor de abrir brecha para el reconocimiento del aborto como un derecho. Una vez más las mujeres fueron testigo del uso de sus cuerpos como objeto de trueque entre las potencias mundiales, esta vez en disputas que involucraban a la cuestión ambiental y la biodiversidad.
Repercusiones en América Latina y el Caribe
En América Latina y el Caribe las estrategias de intervención institucional de sectores jerárquicos religiosos, en el reflujo del desarrollo de las democracias nacionales, se han acentuado a partir de 1997. Cercenar la libertad de decidir por el aborto es un foco privilegiado de esas intervenciones:
* Ocho gobiernos ya han creado, como fecha oficial, el Día del No Nacido. Esta crea un campo de oposición a los avances alcanzados con las Plataformas de El Cairo y Beijing, en las que más de 180 países reconocen que la práctica del aborto inseguro es una cuestión de salud pública y acatan la recomendación de liberalizar las leyes punitivas, comprometiéndose a ofrecer los servicios en los casos en que las leyes nacionales permitan la realización de la interrupción del embarazo.
* El Día del No Nacido ya fue instituido en Argentina, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, Perú, República Dominicana y Venezuela. Ya se hicieron, o están en curso, tentativas en por lo menos cuatro países más.
* Hace dos años, en Costa Rica, presiones religiosas persuadieron a la mayoría de la Corte Suprema a modificar la ley en el sentido de reconocer el derecho a la vida desde la concepción, intento que también se trata de lograr en otros países cuyas cartas magnas no incorporan esta controvertida figura jurídica.
* En Nicaragua, la reciente reforma del Código Penal incorporó la defensa del no nacido, estableciendo penas de hasta cinco años de reclusión para ese tipo de ofensa.
* En Argentina la Corte Suprema de Justicia prohibió el uso de la anticoncepción de emergencia por considerarla abortiva, utilizando argumentos fundados en una teología moral conservadora ajena a las investigaciones científicas y a los documentos producidos por la Organización Mundial de Salud; también se ha declarado la inconstitucionalidad del programa de Salud Sexual y Reproductiva de la Ciudad de Buenos Aires y obispos católicos propusieron, este año, pautas para la educación pública de niñas/os y jóvenes, intentando aprobar el subsidio estatal para escuelas religiosas.
Es preciso que las organizaciones de mujeres y la sociedad civil cuestionen firmemente esos intentos de retroceso secular, en que personas en el ejercicio del poder actúan como si Iglesia y Estado fuesen una sola institución. Por eso, la Campaña 28 de Septiembre eligió la defensa delEstado Laico como tema de sus actividades en el 2002.
Carta de Guanabara
Para que se consolide una vida social democrática es preciso que mujeres de todas las clases, razas y etnias, de todas las edades, de todas las culturas, con diferentes religiones y diversas orientaciones sexuales, puedan controlar y tomar decisiones sobre sus cuerpos, con el respaldo de un Estado Laico. Exigimos la despenalización del aborto como cuestión de ciudadanía y justicia social. (Párrafo de la Carta de la Guanabara, documento político aprobado en la Reunión Ampliada de la Campaña 28 de Septiembre, Rio de Janeiro/ 2001, y refrendado en el IX Encuentro Mundial Mujer y Salud, Toronto, 2002).
Mayores informaciones solicitarlas a: Angela Freitas, Jacira Melo Rede Nacional Feminista de Saúde e Direitos Reprodutivos Rua Álvaro Alvim, 21 - 16º - 20031-010 - Rio de Janeiro - RJ - Brasil Tel.: (5521) 262 1704 Fax: (5521) 262 6454 - e-mail:
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URL de este archivo: http://www.rimaweb.com.ar/aborto/28_septiembre/campana2002.html Fecha de publicación en RIMAweb: 28 de septiembre 2002 |
