| Las mujeres
tenemos derechos y.... ¿garantías?
por Claudia Anzorena*
Hoy es casi impensable, para aquellas mujeres de clase media
que hemos recibido cierta educación, que alguien niegue
que las mujeres tenemos “derechos”. El tema se
ha instalado en todos los espacios: en los medios de comunicación,
en las escuelas, en la calle. Hoy tener un empleo remunerado,
estudiar, ingresar a cualquier carrera universitaria, tener
una profesión, conducir un auto, frecuentar bares,
comprar una casa, vivir sola, hablar en público, son
actividades tan naturalizadas para las mujeres como para los
varones. Sin embargo esto no fue siempre así. Hace
poco menos de un siglo las mujeres en lo legal, económico
y social eran equiparadas a eternas menores de edad. Para
éstas, el acceso a esos ámbitos, que se identificaban
como masculinos, no eran propios de una “mujer honorable”,
y la que se atrevía a transgredir era castigada socialmente
y, muchas veces, legalmente condenada.
El reconocimiento de nuestros derechos políticos, civiles
y sociales, es el producto de una larga lucha: en todos los
tiempos muchas mujeres se han sentido inmersas en un mundo
que las discriminaba y crearon distintas formas de resistencias.
Esta lucha aún no ha finalizado, porque a pesar de
que son muchos los derechos reconocidos, éstos no son
garantizados completamente por las instancias que tienen tal
función, es así que las mujeres seguimos sufriendo
distintas formas de discriminación como consecuencias
de las relaciones desiguales entre los género.
Alrededor de las décadas de 1960 y 1970, los movimientos
de mujeres, se movilizaron para hacer visible las situaciones
de subordinación y desventaja en que vivían
la mayoría de las mujeres. Si bien la introducción
en el debate público de estas demandas fue impulsada
por estos movimientos, su incorporación efectiva dentro
de las agendas públicas nacionales e internacionales,
tienen que ver con el contexto político internacional
y local que estimuló el interés y la preocupación
de otros/as actores/as sociales, sobre todo de los organismos
internacionales (1). En este contexto, la ONU realizó
una serie de conferencias internacionales, que trajeron aparejada
la elaboración de convenciones y pactos destinados
a mejorar la condición de vida de las mujeres. Sin
embargo, se entendía que los derechos sin garantías
no eran tales. Es así que impulsaron a los gobiernos
a crear mecanismos y espacios institucionales, para garantizar
los derechos de las mujeres. Mendoza no resultó ajena
a estos hechos.
En nuestra provincia se registra el primer impulso por institucionalizar
el enfoque de género en el Estado en 1988 con la creación
de la Asesoría de la Mujer. La temática instalada
en la sociedad y la realización del III Encuentro Nacional
de Mujeres, hacía de esa la ocasión propicia.
La institucionalización de políticas públicas
con perspectiva de género en espacios gubernamentales
era políticamente aceptada y consensuada. Sin embargo,
las coyunturas políticas no siempre fueron favorables,
y a quince años de la creación de este espacio,
el balance no es muy alentador. El área no adquirió
un marco legal que la respalde y le confiera estabilidad.
Ha quedado en un lugar ambiguo y de poca prioridad para el
Estado y sujeta a las circunstancias políticas y económicas.
Con un solo cambio de partido político en el gobierno,
el área, ha tenido cuatro nombres diferentes, cinco
presidentas, tres cambios de dependencia funcional y un gran
números de programas comenzados y dados por terminados
sin el tiempo suficiente para causar el impacto deseado por
quienes los habían implementado.
Mendoza, en el 2004, será nuevamente sede del Encuentro
Nacional de Mujeres, al que concurrirán alrededor de
20.000 mujeres de todo el país. Esta gran afluencia
es una señal de que las demandas y las necesidades
de las mujeres en relación a su lugar desigual por
su condición de género todavía no han
sido resueltas. Lo que debemos preguntarnos es: ¿sabremos
esta vez utilizar el marco que nos brinda el Encuentro para
exigir que se le den a las instancias de garantía de
nuestros derechos la prioridad institucional que merecen?
1- Guzmán, Virginia (2001) “La institucionalidad
de género en el Estado: nuevas perspectivas de análisis”.
Serie Mujer y Desarrollo, CEPAL - ECLAC, Santiago, Chile.
(Documentos PRIGEPP, 2003).
* Claudia Anzorena es socióloga e intengrante de la
Colectiva de Mujeres Las Juanas y las otras de Mendoza, Argentina.
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