Estimad@s:

El Lunes pasado asistimos a una reunión con los asesores de la Comisión de Asuntos Penales de la Cámara de Diputados de la Nación en la que se ha empezado a discutir, nuevamente, la reforma de la Ley de Trata. Agradecemos al Presidente de la Comisión por la posibilidad de exponer las distintas opiniones de las organizaciones de la sociedad civil. Las posiciones son básicamente dos: los que desean que se apruebe el dictamen que obtuvo media Sanción en el Senado el año pasado y que fuera impulsado por la Senadora Sonia Escudero y quienes, como Esclavitud Cero y la RATT Argentina (LF) y RATT MERCOSUR y La Alameda, pensamos que aún es necesario introducirle cambios.

En archivo adjunto enviamos el Dictamen que obtuvo media sanción, el proyecto con las modificaciones que proponemos señaladas en color, y a continuación copio la exposición oral que se hiciera en dicha reunión. Les rogamos dar difusión al presente mail a fin de que todas las organizaciones/organismos puedan formar su opinión al respecto.

Mercedes Assorati
Coordinadora General Programa ESCLAVITUD CERO
Coordinadora Nacional RATT (LF)
Fundación El Otro (http://www.elotro.org.ar)
TEL/FAX: (011) 4 775-6610 CEL: (011) 15 5 620-3649
E-mail: [email protected]
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MODIFICACIÓN DE LA LEY DE TRATA DE PERSONAS:
UNA DEUDA DE LOS LEGISLADORES CON LAS ONGS Y CON LAS VÍCTIMAS DE LA ESCLAVITUD

De acuerdo a las estimaciones de ESCLAVITUD CERO más de un millón de personas estarían sometidas a alguna forma moderna de esclavitud en la Argentina. Ello constituye, sin dudas, una crisis social y de derechos humanos que afecta especialmente a los sectores más vulnerables de la sociedad.

El dictamen aprobado por unanimidad en el Senado el año pasado, constituye sin dudas, un avance comparado con la actual ley 26364. Sin embargo, el mismo no recoge las solicitudes mínimas que un número importante de organizaciones de la sociedad civil le hiciera a los legisladores a través de las declaraciones de Villa María.

Al respecto, recordamos a los legisladores que en Junio de 2010, firmaron un acuerdo parlamentario cuatro presidentes de bloque y tres presidentes de comisión y Diputados de todos los partidos 1 acordando realizar 6 cambios mínimos a la ley. Esperamos que lxs Diputados honren en esta oportunidad dicho acuerdo.

Si bien el proyecto en estudio recogió el concepto de que el consentimiento o asentimiento de la victima de trata de personas es jurídicamente inválido, ya que los Derechos Humanos no sólo son inalienables e intransferibles sino también irrenunciables; en lo que hace al punto 1 del acuerdo que solicitaba que se adaptara la legislación no sólo al Protocolo de Palermo sino a todos los compromisos internacionales adquiridos por el país, aún restaría:

• Tipificar la compra-venta de seres humanos que es una deuda Constitucional (artículo 15 de la CN) y con la comunidad internacional, ya que si bien la CN prohíbe la compra y venta de personas, el Código Penal no lo recoge como delito. Es decir que comprar y vender personas no es aún un delito en la Argentina, algo a todas luces insostenible!

• La Argentina también se comprometió a castigar los delitos de lesa humanidad con las penas más graves. En el punto 4 del acuerdo parlamentario firmado por los legisladores se solicitaba en concreto que la pena, en todo caso, no fuera menor que la pena por secuestro.
Si bien el proyecto del Senado eleva la pena mínima de 3 a 4 años, consideramos que es aún una pena muy baja para uno de los delitos más aberrantes que existen. El secuestro simple continuaría teniendo una pena más grave que la trata de personas. Creo que a nadie escapa que la esclavitud y la trata de personas implican una privación de la libertad total o parcial de carácter más grave que el secuestro por lo que resulta de sentido común que la pena de sea superior a la establecida en el art. 142 bis y sus agravantes.

Ya que nos referimos a las penas, y con la experiencia de condenas que ahora tenemos. Vemos que las que se han producido han afectado a los miembros intercambiables de las redes de trata, sin lograrse el desbaratamiento de redes. Para afectar a las redes de crimen organizado es necesario tocar allí donde más le duele al crimen organizado: el dinero. Proponemos la incorporación de un artículo, semejante al que recientemente incorporó Brasil, que obligue a la expropiación automática sin indemnización, de los bienes que se utilicen para la esclavización de seres humanos: casas, departamentos, locales, granjas, campos. Dichos bienes se destinarían a la asistencia y protección de las víctimas de trata. Muchos prostíbulos podrían convertirse en albergues para víctimas de trata, y de explotación sexual. Las granjas podrían ser entregadas a los trabajadores para que las exploten en cooperativas.

Un artículo semejante, sumado a una reglamentación más clara del decomiso y la incautación nos permitiría afectar al crimen organizado y, a la vez, comenzar a incorporar a nuestra legislación algo que el proyecto del Senado introduce con poca claridad, la importancia de la garantía de no repetición que está asociada a la reparación de las víctimas y a políticas de reinserción social.

Por ello estamos proponiendo, como medida reparatoria, que las víctimas de la trata de personas tengan un cupo especial en todos los planes sociales existentes, en bancos de empleo, tanto del Estado Nacional, como de las administraciones provinciales y municipales, y que se diseñen mecanismos sumarios para que las víctimas puedan acceder sin demoras a dichos beneficios. En lo que hace a la asistencia también se propone que rijan, en forma supletoria, las disposiciones de la ley 26.480 de Protección Integral de las Mujeres.

En lo que hace a agravantes, estamos proponiendo que se incluya, entre otras cosas:
a) Si la víctima fuere sometida a torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes;
b) Si se causare a la víctima lesiones graves o gravísimas;
Y lo más importante:
c) Que la pena sea de PRISIÓN O RECLUSIÓN PERPETUA SI SE CAUSARE INTENCIONALMENTE LA MUERTE DE LA PERSONA OFENDIDA O SI LOS PERPETRADORES SE NEGAREN A BRINDAR INFORMACIÓN TENDIENTE A ENCONTRARA A LA VÍCTIMA, Y ÉSTA PERMANECIERE DESAPARECIDA.
Este agravante es central para evitar más casos como el de Marita Verón, que lleva ya más de 10 años desaparecida. De esta forma la norma estaría desalentando los asesinatos de víctimas y promovería la aparición con vida de las más de 3000 mujeres que hoy se encontrarían en esta situación en el país.

Otra de las solicitudes de la sociedad civil, fue la creación de un PROGRAMA NACIONAL AUTARQUICO DE COMBATE CONTRA LA TRATA DE PERSONAS Y DE ASISTENCIA Y PROTECCIÓN A LAS VÍCTIMAS. En este sentido vemos que el proyecto crea un Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, integrado por distintos Ministerios y por representantes de cada una de las provincias, que deberá elaborar un PLAN DE ACCIÓN. Sin embargo, a la hora de constituir el Comité Ejecutivo, que es el órgano que tomará las decisiones del día a día y se ocupará de la gestión de los fondos, el Comité Ejecutivo no es fiel al título de Federal que se asigna al Comité ya que solamente está integrado por cuatro miembros del Gobierno Nacional. Un Consejo Federal debe tener un Comité Ejecutivo FEDERAL. En ese sentido, Esclavitud Cero y La Alameda, proponen la incorporación en este Comité de cuatro representantes de las provincias que se elegirían por sorteo e irían rotando entre las 24 provincias, asegurando la representación de las regiones y la participación de todas las provincias en la toma de decisiones ejecutivas. También proponemos que el Plan Nacional que se elabore se un plan quinquenal para asegurar que los planes, como políticas de Estado, superen los cuatro años que duran los mandatos presidenciales y tengan continuidad.
Finalmente se propone una mayor claridad en lo que hace a la protección de las víctimas, mediante la creación de un Comité de Evaluación de Riesgos y la continuidad de la protección mientras subsista el riesgo y se incorpora, dentro de las capacitaciones a realizarse: la capacitación a docentes del nivel medio y universitario y a los operadores de salud y sanitarios.

Esperamos que los legisladores y las legisladoras hagan honor al compromiso adquirido con las organizaciones y permitan que la Argentina tenga una ley de trata que se adapte a todos los compromisos adquiridos internacionalmente. Una ley que permita garantizar a las víctimas la no repetición de las violaciones sufridas. Esperamos que esta vez, la ley sea tratada en forma rápida ya que, esta parte del compromiso con las ONGs: “darle celeridad a la modificación de la ley” no se ha cumplido.

Mercedes Assorati
Coordinadora Gral. Programa ESCLAVITUD CERO

1- Legisladores que firmaron o adhirieron al Acuerdo Parlamentario: Elisa Carrió (C.C.), Fernanda Gil Lozano, Felipe Solá (Peronismo Federal), Gerardo Aguad (UCR), Federico Pinedo (PRO), hasta Raúl Barrandeguy (FPV-PJ), Horacio Alcuaz (GEN), Mónica Fein (PS), Fernando Iglesias, Juan Carlos Vega, Elsa Quiroz y Griselda Baldata de la (C.C.) María Luisa Storani de la (UCR), Claudia Rucci (PJ Federal), Laura Alonso (PRO) y Mario Barbieri de la (UCR) También enviaron adhesiones: Martín Sabbatella, Pino Solanas, Margarita Stolbilzer, Vilma Ibarra, Carlos Heller y Ariel Basteiro. Patricia Bullrich, Alicia Terada, Horacio Piemonte, Héctor Toti Flores, entre otros.

descargar Ley de Trata proyecto revisado

descargar Senado dictamen Media Sanción TRATA nro2711